Por Víctor Flores Olea/La Jornada
Hay que decir que resulta admirable la perseverancia de los padres, familiares y amigos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Guerrero, desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, y que se encontraron con el disimulo, la protección ilegal y las falsificaciones de funcionarios de aquella época del estado gurrerense, pero que también incluyó al propio presidente Enrique Peña Nieto, al procurador general de la República Jesús Murillo Karam y, desde luego, a variedad de militares, policías y responsables de la seguriad ciudadana, tanto de Guerrero como federales.
Resulta admirable porque, a pesar de que han sido objeto de mentiras por representantes oficiales, los padres de los 43 han tenido la constancia necesaria para exigir la aclaración de lo ocurrido en esa noche trágica, que fue sin duda un crimen de Estado. Los ojos se han puesto ahora en Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a exponer a la nación la verdad de lo ocurrido. En su última comparecencia ante los familiares y amigos de los 43, precisamente a seis años de su desaparición y desde Palacio Nacional, expresó: Deseo ofrecerles mis disculpas, y ofrecer disculpas a nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano y por eso tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia, ese es nuestro compromiso.
Naturalmente muchos dirán que, ante una serie de actos de la barbarie cometida esa noche de hace seis años, no son suficientes las palabras y las promesas, y que sólo serán los hechos los que otorguen plena consistencia a los compromisos y promesas. Es verdad, pero el hecho indudable es que, además de tales compromisos, se han adelantado ya en el plano de la acción los primeros elementos ciertos de una investigación que había sido ocultada y falsificada largamente. Y la mejor prueba es la presencia de los padres de los 43 ante AMLO y su reconocimiento de que ahora sí se transita por caminos sólidos hacia la verdad y que confirman que su trato con los funcionarios mexicanos, incluso del más alto nivel, ha cambiado radicalmente respecto al que recibieron (o que no recibieron) por en el antiguo régimen.
Resultado de las recientes investigaciones, escribió Gustavo Castillo García, “la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 80 órdenes de captura contra involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. De ese total, ya han cumplimentado 58, entre ellas, la de un policía federal, un militar, varios ex funcionarios municipales del estado de Guerrero, también contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda Guerreros Unidos, quien ordenó que se privara de la vida a los 43 estudiantes”.
Castillo García agrega que entre los prófugos hay ex funcionarios federales, como Tomás Zerón de Lucio, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal (AIC), algunos fiscales federales, un efectivo del Ejército Mexicano con responsabilidad de labores de inteligencia en Iguala el 26 de septiembre de 2014, así como decenas de ex policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco liberados por considerar los jueces federales que habían declarado bajo tortura y no había pruebas de su responsabilidad en cuanto a delincuencia organizada y secuestro. Añadiremos que funcionarios que participan en el gabinete de seguridad, presentes en el acto que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionaron la importancia de los avances en el caso Iguala, ya que no se han escatimado esfuerzos para detener a presuntos responsables, aunque la filtración de información permitió que algunos de los inculpados se fugaran.
Zerón de Lucio, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal, se puso en fuga después de llevarse 5 millones de pesos, según acusó el fiscal general, viajando a Vancouver y posteriomente a Tel Aviv, donde está ya ubicado por la Interpol. Por lo demás, decíamos antes, ya hay orden de aprehensión en contra de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda de Guerreros Unidos, quien ordenó que se privara de la vida a los 43 estudiantes.
Se informó que también hay orden de aprerhensión en contra de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos en Iguala en la fecha que se agredió a los estudiantes, y que ya es buscado para enfrentar un mandamiento en su contra por desaparición forzada. En cuanto a El Cabo Gil, el Ministerio Público aportó la transcripción de los mensajes interceptados, con autorización judicial, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), según los cuales el imputado informó a otros mandos de Guerreros Unidos que entre los estudiantes iban infiltrados miembros de Los Rojos, organización criminal rival y, por ello, ordenó que los secuestraran y asesinaran.
Por último, se afirmó que el gobierno mexicano está a la espera de que en Europa disminuyan los efectos de la pandemia, ya que están pendientes de enviarse a la Universidad de Innsbruck, en Austria, al menos una decena de fragmentos óseos que podrían aportar la identificación de otros estudiantes que fueron victimados en septiembre de 2014 por Guerreros Unidos.
